Empresas sociales

Emprendimientos que cambian el paradigma económico y priorizan la inclusión social de grupos vulnerables

Por Micaela Urdinez | LA NACION

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No vienen a plantear soluciones mágicas ni utopías impracticables. De hecho existen movimientos religiosos y sociales que desde siempre vienen implementando un modelo de producción centrado en el desarrollo de los grupos más vulnerables. Sin embargo, en un mercado que cada vez muestra más grietas a la hora de generar igualdad de oportunidades y una redistribución equitativa de las riquezas, las empresas sociales se están abriendo camino al demostrar que es posible ser rentables y cuidar el medio ambiente, a la vez que contribuyen a solucionar problemas sociales latentes.
Cooperativas, emprendimientos productivos que surgen de organizaciones sociales, fábricas recuperadas y empresas de comunión son sólo algunos ejemplos de esta nueva economía con rostro humano.
"Los problemas sociales y ambientales que tenemos hoy en el mundo son de tal magnitud que no hay gobierno alguno ni filantropía u ONG que puedan abordarlos. Por eso, además de ellos necesitamos poner la fuerza del mercado para que cada una de nuestras decisiones de compra y venta aporte a su solución", explica Pedro Tarak, cofundador de Emprendia y primer representante de Avina en América Latina.
Lo que define a la empresa social es ser una iniciativa autosustentable que persigue un objetivo social y no distribuye dividendos. Esto quiere decir que todas las ganancias generadas son reinvertidas para la mejora del producto o servicio. "A mí me gusta hablar de empresas comerciales creadas para resolver problemas ambientales y sociales. Y donde las decisiones se centran en respuestas a este tipo de problemas y el lucro financiero se convierte en instrumento para tal fin", agrega Tarak.

Se podría decir que a grandes rasgos existen dos tipos de empresas sociales: las que en su proceso productivo generan oportunidades de empleo o de mejora de ingresos a personas en situación de vulnerabilidad como pequeños productores, personas con discapacidad y jóvenes en situación de riesgo o las que a partir de un negocio social generan beneficios logrando que los sectores más pobres puedan acceder a productos y servicios que son críticos para mejorar su calidad de vida, como la salud, el acceso al agua o la vivienda.
Pero la verdadera hazaña es que estas iniciativas asumen el compromiso - y también los costos - de abrazar este cambio de mirada que modifica de manera esencial toda la operación de su empresa, ya que incide en su forma de gobierno, en su cadena productiva, en su relación con todos los grupos de interés o en cómo define sus precios.
Mariela Carrizo, de 29 años, con suéter de lana y chaleco rojo, mira concentrada los cartones que tiene entre sus manos. Parecería que los acaricia mientras va plegando los costados hasta armar una caja que luego será vendida en algún local de Caro Cuore. Tiene síndrome de Down y en cada gesto de su cara deja traslucir el placer que siente al sentirse útil. Vive en Los Polvorines, provincia de Buenos Aires, y de lunes a viernes se toma dos colectivos y un tren para llegar a las 8.30 a su trabajo en el Taller Protegido Barrio Parque Quirno, de Hurlingham.
Ella junto a otras 37 personas con discapacidad mental son el corazón de este proyecto que se gestó en 1978 para darles una salida laboral después de que terminaran su etapa escolar. Se agrupan en mesas para diferenciar las tareas en las que todos se entregan con especial devoción. Con un orden que envidiaría cualquier fábrica de producción, los trabajadores doblan, pegan, cortan y arman productos de todo tipo y color.
"Priorizamos los trabajos en función de la urgencia de los pedidos y nuestro principal objetivo es conseguir que todas las manos estén ocupadas, más allá de que haya un trabajo mejor pago, pero que deje a la mitad inactiva. Nosotros los dividimos en 3 niveles en función de sus capacidades y les pagamos sueldo, aguinaldo y vacaciones", explica María Busconi, presidenta del taller, mientras acompaña con los ojos el trabajo que su hijo Daniel, de 50 años, realiza con unas bolsas. Cuando allá por 2007 La Usina -una ONG liderada por la emprendedora social Bea Pelizzari que tiene como objetivo promover un cambio de actitud con respecto a la discapacidad- empezó a realizar un relevamiento de los talleres protegidos para ver cuál era su realidad y la mejor manera de ayudarlos, el Taller Quirno fue uno de los consultados. Con el diagnóstico a cuestas se hizo evidente que era necesario mejorar su capacidad ociosa, reducir los costos de estructura y ampliar la llegada barrial. Así fue como desde La Usina surgió la idea de fundar la empresa social RedActivos, una suerte de alianza con 15 talleres protegidos a los que darles escala, capacidad de gestión y la posibilidad de llegar a grandes clientes. "Conocer a RedActivos nos cambió la vida porque nos hizo pensar en cuánto nos cuesta producir. Además, si no fuera por ellos nosotros jamás hubiéramos podido llegar a empresas como Unilever, DirectTV o YPF", explica Busconi.
Hoy, RedActivos se dedica a la venta y distribución de productos y servicios generados por personas con discapacidad que logran, así, aumentar sus oportunidades laborales y libertad económica. De esta forma comercializan artículos como portadocumentos, centros de mesa, cajas navideñas, servicios de catering, manteles descartables de papel, y cajas de cartón y ecobolsas, entre otros.
"Lo que te pasa con las empresas sociales es que siempre podés perder el foco porque el objetivo no es vender más, entonces la decisión sobre qué productos hacer es básica. En este tipo de proyectos el índice de facturación no es tan representativo del desarrollo de la empresa social, sino que el valor más importante es poder darle un trabajo digno a la mayor cantidad de personas", afirma Paula Cardenau, presidenta de RedActivos y Advisor en Ashoka en negocios sociales.
La innovación del proyecto consiste en haber logrado la articulación de diferentes actores que aportan lo suyo para valorizar el trabajo de las personas con discapacidad: los talleres protegidos, las universidades que transfieren su conocimiento, los voluntarios corporativos que dan capacitación a los emprendimientos, las empresas cliente que compran a la red y los inversores que facilitan el acceso al dinero para la compra de materias primas, insumos o logística.
Después de un camino recorrido, RedActivos cuenta con más de 60 clientes, da trabajo a 450 trabajadores con discapacidad y ha conseguido que más de 500.000 personas consumieran un producto elaborado por personas con discapacidad. "El desafío más grande de la empresa social es que todos los grupos vulnerables necesitan de un acompañamiento mucho más personalizado y eso genera costos mucho más altos", agrega Cardenau, mientras reconoce que si bien pensaron que lo más difícil iba a ser conseguir empresas que les compraran los productos, actualmente su foco está puesto en contactar a más talleres protegidos para sumar a la red.
RedActivos forma parte de un movimiento que está dando nacimiento a una nueva economía que está redefiniendo las reglas de juego del mercado. "Hoy las empresas están redirigiendo su capacidad de compra a emprendimientos que tienen un foco diferente, otro valor agregado. Y el producto que generamos también tiene un impacto en el consumidor porque le cambia su mirada sobre la persona con discapacidad y ahí vas ganando escala", concluye Cardenau.
Una de las mayores dificultades de las empresas sociales es conseguir el capital inicial necesario para poder poner en marcha su idea. Para eso, todos los entrevistados señalan que es necesario crear mecanismos creativos de financiamiento que se adecuen a las necesidades particulares de este tipo de emprendimientos.
"Todos los desocupados tenemos que cargar con el estigma de que queremos subsidios o vivir de arriba, cuando en realidad lo que necesitamos es financiamiento para poder arrancar nuestro proyecto. Por suerte nosotros recibimos ayuda del GCBA, del Ministerio de Trabajo de la Nación y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia", cuenta Cristina Mangravide, presidenta de la Cooperativa Los Pibes del Playón.
A una cuadra de la Bombonera y a 2 de Caminito, una pareja de turistas brasileños entra en un negocio a comprar alfajores Porteñitos y cajas de madera para llevarse un recuerdo de sus días porteños. Lo que no saben es que al hacerlo están contribuyendo con el bienestar de las familias de las 22 personas que integran esta cooperativa.
Los bienes y servicios elaborados por las empresas sociales benefician a personas de grupos vulnerables.
Este local a la calle en el que se realiza venta directa, también tiene fabricación a la vista. Allí se puede apreciar a las cocineras cortando la manteca o hundiendo sus manos en los tachos industriales de dulce de leche.

Mangravide fue operadora de PC y cuando no tuvo lugar en el mercado laboral abrió un merendero en 2001 cuando la crisis golpeaba con toda su fuerza.
"Yo siempre tuve en mi cabeza que acá tenía que haber una fábrica de alfajores como hay en la costa argentina. Lo nuestro nació siendo un espacio para adolescentes y terminó convirtiéndose en una cooperativa de trabajo", explica Mangravide, que primero empezó a producir en su casa, luego compartiendo edificio con el merendero y actualmente, en un local que cumple con todos los requisitos para poder funcionar.
Desde 2004 esta cooperativa emplea a madres con hijos que por diferentes motivos han quedado excluidas del mercado de trabajo. Si bien tienen una capacidad de producción de 7000 alfajores por semana están haciendo cerca de 1000 por mes por falta de canales de comercialización.
Alfajores de diferentes tamaños y sabores, budines y conitos de dulce de leche son los que se exhiben en una mesa ni bien se entra al local. Además de la venta directa aprovechan otros puntos, como hospitales, escuelas, ferias de productos y el circuito de turismo.
"Queremos utilizar el turismo como herramienta de inclusión social y desarrollo local. Por eso formamos parte de la Red BB La Boca y Barracas de Turismo Sostenible, que ofrece cinco recorridos alternativos a Caminito", explica Mangravide, mientras espera a un grupo de 20 turistas que está por llegar para conocer el emprendimiento.
De lo único que se queja es de la falta de una normativa legal y fiscal específica para este tipo de emprendimientos. "Por ejemplo, nosotros pagamos los mismos impuestos que una empresa como Havanna cuando ellos tienen costos mucho más bajos que nosotros. Por eso apuntamos al comercio justo, a una relación directa con el consumidor y al contacto cara a cara", aclara.
Mangravide está orgullosa de poder decir que ha aprovechado cada centavo que recibió para financiar el proyecto. Todo lo invirtieron en maquinarias e infraestructura, y lo poco que ganan lo reinvierten y se esfuma en el pago de los gastos fijos, que son $ 10.000 por mes. "Queremos tener una fábrica propia porque acá estamos invirtiendo en un espacio que no es nuestro y que el día de mañana cuando se nos termina el alquiler, lo tenemos que abandonar. Si alguien nos diera un crédito para comprar un terreno podríamos empezar a construir la fábrica que tanto añoramos", dice Mangravide, quien como el resto de las trabajadoras cobra el Plan Autoempleo del gobierno porteño.
"Todavía no tenemos un ingreso digno pero sí la dignidad", dice entre sonrisas esta emprendedora, para la que Porteñitos más que un producto es una apuesta de vida.
Otra particularidad de los negocios sociales es su modelo de gobierno que se caracteriza por involucrar activamente a los grupos afectados por el negocio -clientes, socios, trabajadores- en las decisiones.
Quizás el caso que mejor representa esta manera de gerenciar son las empresas recuperadas, que empezaron a surgir después de la crisis de 2001.
Mónica Acosta venía sospechando lo peor. Y no se equivocaba. Un día de 1996 la empresa para la que trabajaba en Ushuaia, Aurora Grundig, se presentó en quiebra. Una de las principales compañías fabricantes de lavadoras, televisores, videocaseteras, encendedores Magiclick, casetes de audio y video sucumbía ante el modelo de convertibilidad y el boom de los productos de los gigantes asiáticos como China y Taiwan.
Así, de un día para el otro, 750 empleados quedaron en la calle sin indemnización, con salarios adeudados y con familias que mantener. ¿Qué podían hacer ante esa realidad? Después de extensos debates, los empleados decidieron ocupar las plantas por temor al vaciamiento de la empresa, y al tiempo, la UOM de Ushuaia negoció con el gobierno y los ex directivos de la empresa la cesión en usufructo de marca, maquinaria y establecimiento en manos de los trabajadores, naciendo la primera empresa obrera autogestionada de la Argentina: Metalúrgica Renacer SA.
"Era marzo de 2001, las luchas se multiplicaban y de ser 2 o 3 ejemplos de fábricas recuperadas pasamos a ser más de 200 en todo el país. Decidimos agruparnos como cooperativa no por ser un ideal, sino porque era la única forma de salvaguardar plantas y maquinarias. También buscamos respaldo en las organizaciones que luchaban en el resto del país, como por ejemplo la CCC y la UBA con quienes trabajamos con el proyecto de factibilidad de autogestión", cuenta Acosta, actual presidenta de la cooperativa.
Ya se habían organizado y la entidad agrupaba a 100 trabajadores históricos (a los que ya se han incorporado otros 40 hijos de empleados), pero tenían que ponerse en marcha de nuevo. "En 2004 retomamos las primeras actividades de producción y actualmente fabricamos 1000 microondas diarios para NewSan, y cada tres meses lotes de 5000 unidades de producción propia que son comercializados por Garbarino o clientes de la provincia de Buenos Aires como la Cooperativa Obrera o Ken Brown", dice Acosta orgullosa.
El espíritu de la iniciativa es la autogestión compartida y eso se traduce en que todos participan de todos los procesos. La estructura de gobierno de la cooperativa es un consejo de administración constituido como el brazo ejecutivo de la toma de decisiones. "Todo se decide en las asambleas general y se aplica la democracia directa para discutir todos los temas: desde qué es lo que ingresa como materia prima hasta cómo y cuánto se produce, a quién se le vende y cuánto se reparte", agrega Acosta.
En este momento, su principal proyecto es fortalecer sus producciones para mejorar los beneficios y poder asegurar sus fuentes de trabajo en el tiempo.

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Soñar es fácil, lo difícil es poder llevarlo a la práctica. Porque el desafío de promover el acceso a servicios críticos a precios accesibles puede redundar en mayores costos de producción o de distribución, y poner en riesgo la viabilidad del negocio. De esto es testigo Jorge Gronda que demoró más de 10 años en poder hacer sustentable su proyecto Ser Cegin, orientado a dar una salud de calidad a más de 100.000 personas excluidas.
Cuando en 1988 Gronda empezó a recibir cada vez más mujeres aborígenes de bajos recursos en su confortable consultorio ginecológico de San Salvador de Jujuy porque no las atendían en el hospital local, sintió que era una señal de alarma sobre el sistema de salud pública en general. "El Cegin era un consultorio dirigido a la gente incluida, ABC1, y de repente se empezó a llenar de gente pobre por mis contactos con referentes locales. En un momento atendíamos en forma gratuita al 70% de las mujeres y el modelo no se hizo sustentable. Casi nos vamos al tacho. Y ahí nos dimos cuenta de que teníamos que pedirles que empezaran a abonar un precio justo para poder pagarle a los doctores por su trabajo", recuerda Gronda, que ha expandido su alcance para crear un sistema de cuidado de la salud ofreciendo servicios de excelencia a bajo costo dirigidos a los clientes que están en la base de la pirámide.
Hoy, Ser Cegin es una red de proveedores de servicios de salud independientes, operando con fines de lucro en sociedad con una fundación sin fines de lucro, la Fundación Ser. Con este nuevo modelo, Gronda desafía la creencia argentina de que los pobres reciben peor atención médica que los ricos.
Pero luchar contra las leyes del mercado no fue fácil hasta que consiguieron armar un modelo alternativo. "Fueron 10 años de un déficit terrible, subsistíamos del descubierto del banco, pero la escala fue lo que hizo que el sistema empezar a funcionar. Hoy en día las personas compran una tarjeta de adhesión a un costo anual de 15 pesos que les permite acceder a servicios médicos y medicamentos a precios ampliamente menores que los de mercado", agrega Gronda, que con el tiempo fue convenciendo a otros consultorios privados de todos los rubros de que era económicamente rentable atender a esta gran masa de gente.
"Durante 20 años trabajamos para construir un sistema de salud que fuera lo más inclusivo posible. Sin saberlo estábamos armando un modelo que luego coincidió con algunos preceptos de empresa social", explica Gronda, que en 2012 quiere llegar a 200.000 socios y replicar el modelo en Brasil.

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Gonzalo Perrín nunca pensó que a sus 28 años iba a ser gerente de una empresa que fabrica galletitas. Estudió hotelería, pero cuando conoció el movimiento de las Empresas de Comunión (EDC) que se desprende de Los Focolares, se contagió de su filosofía y no dudó en dejar todo y sumarse. Hoy dirige Pasticcino, una fábrica que confecciona 900.000 galletitas por mes para acompañar el café, que distribuye entre 15 cadenas de cafetería y tostaderos de café.
"Cuando en 2007 mi papá que ya formaba parte del movimiento se asoció con Germán Jorge -otro empresario de EDC- para crear una fábrica de galletitas, yo me hice cargo del proyecto", explica Perrín, que durante todo 2008 llevó la producción a su casa, hasta que a fines de ese año tuvieron acondicionado el galpón y habían podido comprar toda la maquinaria adecuada.
Pasticcino está en el Polo EDC Solidaridad que consta de 34 hectáreas en O'Higgins, donde desde 1991 funcionan empresas que apuestan con hacer de la actividad económica un lugar de encuentro y comunión.
Hoy, Pasticcino es una de las más de 50 empresas en la Argentina que hacen efectiva esta forma de producir promoviendo relaciones leales y de confianza, viviendo y difundiendo la cultura del dar, de la paz y de la legalidad, poniendo atención al medio ambiente dentro y fuera de la empresa.
"A la hora de elegir a nuestros empleados nos fijamos en los valores, que estén de acuerdo con el proyecto y priorizamos la confianza ", cuenta Perrín, que hoy cobra lo mismo que un operario jefe de familia porque entiende que tiene más urgencias que él. A su vez prefieren contratar mujeres como operarias porque entienden tienen menos oportunidades laborales en la zona.
En relación a cuáles son los valores que diferencian a su empresa de cualquier otra, Perrín responde sin dudar: confianza, generosidad y radicalidad. "La generosidad se vive con los sueldos, los horarios y la forma de vincularnos. La radicalidad se nota en las convicciones porque vamos contra la corriente. Conozco a mis proveedores, a mis clientes y a la competencia, y ellos no piensan así. Por eso te tenés que comprometer de lleno y no perder esta radicalidad", dice Perrín mostrando el entusiasmo y el compromiso que corren por sus venas.
El, como el resto de los empresarios sociales, son el ejemplo vivo de que una economía que ponga el centro en la persona es posible.
140
Trabajadores son los que participan de la elaboración de electrodomésticos en la Cooperativa Renacer, en Ushuaia
100.000
Son las personas de la base de la pirámide que reciben atención médica de calidad gracias al trabajo del SerCegin

"El valor más importante es poder darle un trabajo digno a la mayor cantidad de personas". Paula Cardenau / Presidenta de RedActivos